La acreditación universitaria precisa de buenos estándares

En: Revista Signo Educativo del Consorcio de Centros Educativos Católicos del Perú, Año XX, N ° 198, Junio de 2011.

(*) Iván Montes Iturrizaga

En las universidades del Perú, y en gran parte de América Latina, se han contado siempre con instancias orientadas a la planificación y la evaluación institucional. Todo esto, en un marco prácticamente de total autonomía con respecto al poder central y en donde cada cual establecía sus propios parámetros para desarrollar sus actividades académicas. Sin embargo, y dada la marcada insatisfacción con respecto a los servicios universitarios, se empezó a comprender que la gestión auto-referente no hacía más que configurar un escenario plagado entidades de escasa talla académica. Aparecen así en el vocabulario universitario términos como “acreditación”, “autoevaluación”, “evaluación externa”, y en menor medida, “estándar”. Casi a la par se crea el SINEACE y dentro de él el CONEAU como la instancia encargada de velar por la calidad de los las universidades peruanas.

Poco a poco se fue comprendiendo (a pesar de que aún contamos con universidades de garaje que no les interesa mucho la calidad), y gracias al vertiginoso proceso de globalización e internacionalización, que la Universidad Peruana no podía estar de espaldas a lo que realmente significa este tipo de instituciones en la historia de la cultura humana. Se desnudó así una cruda realidad: la enorme distancia entre las universidades peruanas y las de los países desarrollados. Es más, se evidenció que esta brecha existía también al interior del ámbito latinoamericano y que ya no necesitábamos ir tan lejos (Estados Unidos o Europa) para encontrar universidades emblemáticas. Basta citar a países como México, Brasil y Chile que tienen desde hace décadas sistemas muy bien conducidos para promover la actividad científica, el desarrollo académico y la conquista de elevados estándares internacionales. Es así, que mientras nosotros estamos aún digiriendo la idea de que la gestión endogámica de las universidades no nos llevará a ningún lado, nuestros vecinos vienen trabajando de manera sostenida en pro de una inserción mayor en el concierto mundial de la ciencia y tecnología. Se inició así en el Perú, y a pesar de la falta de liderazgos académicos en gran parte de quienes tienen que conducir estos procesos, la era de la acreditación universitaria.

Sin embargo, en el Perú y en gran parte de América Latina, se habla muchísimo de la acreditación como un simple trámite y se obvian otros aspectos de mayor relevancia (estándares) que constituyen los cimientos de toda iniciativa por propiciar la tan ansiada calidad. Asimismo, se sigue manejando la concepción de que la acreditación equivale al cumplimiento de una serie de requisitos burocráticos y formatos que llenar. No se ve así, que el acreditarse implica necesariamente una transformación profunda en todos los ámbitos o dimensiones que configuran cultura institucional. Al parecer, estas percepciones sesgadas que se manejan mayormente en el Perú tienen que ver con el hecho de que en lugar de hablar de “estándares” se prefiere usar el denominativo de “indicadores de calidad”. Otra parte del problema es que los propios operadores de los actuales (y pasados) sistemas de acreditación no se han preocupado por profesionalizar todas las fases (y los propios marcos legales) que vertebran todo el proceso que va desde la autoevaluación a la certificación de calidad. Para muestra un botón: se sigue pensando que una ex autoridad universitaria estará en condiciones de ser un evaluador e integrar comisiones verificadoras. Esto es lamentable, pues muchas veces quienes son los culpables de nuestra tragedia universitaria (donde se salvan solo un puñado de las casi 100 universidades) luego se convierten en los encargados de ponderar la calidad de una facultad, escuela de postgrado o universidad en su conjunto.

En este marco, los estándares tendrían que ser uno de los focos de atención prioritarios. Sin ellos, y con simples indicadores de calidad, todo el proceso de acreditación no suscitaría compromisos y cambios en pro de la calidad universitaria. En este sentido, los estándares de las agencias o instancias gubernamentales deberían de ser construidos por expertos y no en simples comisiones a la luz del trillado “metaplan”. Además, estas realizaciones (estándares, marcos legales, reglamentos y procedimientos) deberían ser revisados constantemente por parte de las instituciones que están llamados a cumplirlos. Lamentablemente, en el Perú existe muy poca vocación por consensuar “técnicamente” y cotejar los estándares con los expertos de las universidades.

Quizá en estos momentos sea importante que se haga un alto en el camino para analizar todos los “indicadores de calidad” que se vienen haciendo en el marco del CONEAU, pues al parecer, se sigue perseverando en los simples criterios de eficiencia documentaria. Es así, que en lugar de señalar los componentes o condiciones de la calidad de algo, se estarían centrando en un listado de reglamentos, normas, grados académicos o condiciones de infraestructura que se tendrían que tener. De contar con estas definiciones de calidad los procesos de autoevaluación, mejoramiento interno y evaluación externa será simplemente verificar si se tiene o no a manera de “check list” o lista de cotejo. Por ejemplo, recordemos que hace algunos años se hicieron estándares para acreditar a las facultades y escuelas de medicina en el Perú. Estos estándares en su gran mayoría hablaban de tener “reglamento docente”, “sala de profesores” o “sistema de evaluación académica” pero no decían el “deber ser” de un reglamento docente, de una sala de profesores o de un sistema de evaluación académica. Es más, esta oferta de estándares se centró más en el tener que en la calidad y de ahí que las fuentes de verificación apuntaron a tener resoluciones y no en ver la realidad.

En este mismo contexto de las escuelas o facultades de medicina las explicitaciones de calidad en cuanto a la investigación estipulaban como “fuente de verificación” resoluciones del decano donde se diga que existen grupos institucionalizados. Esto, en lugar de solicitar la producción científica en forma de artículos, proyectos ganados y presentaciones en congresos arbitrados. O también, se hicieron para estas facultades de medicina estándares de rendimiento (muy buenos y profundos) que ilustraban lo que los estudiantes tenían que aprender necesariamente a lo largo de su formación. Paradójicamente, en lugar de aplicar pruebas de desempeño (por muestreo o todos) la “fuente de verificación” solamente señaló la revisión de los registros con las notas o calificativos que reportó cada docente.

Estos ejemplos de estándares difusos o centrados más en los documentos no son solo peruanos pues en gran parte de América Latina hemos tenido en menor o mayor medida este tipo de realizaciones. Para identificar este tipo de situaciones un buen sistema (que también serviría para validar) podría ser el preguntar a las oficinas de acreditación de las universidades: ¿qué hicieron para cumplir con el estándar?, ¿qué tipo de decisiones se tomaron?, ¿qué reflexión interna provocó el estándar?, ¿qué aportes a la cultura institucional suscitó el estándar?, etc. Si las respuestas a estas interrogantes se asocian más a preparar documentos o al acopio de información ya sabemos que estamos frente a este tipo de estándares indeseables para todo sistema universitario que pretenda la calidad.

Es preciso destacar que los estándares en el ámbito universitario reflejan intencionalidades que pretenden explicitar qué es una institución de calidad. Por este motivo, se construyen estándares de aprendizaje, infraestructura, biblioteca, autoridades, docentes, investigación, currículo y didácticos, entre otros. En este caso, la elaboración de estándares parte siempre de una selección de los aspectos más explicativos de lo que llamamos calidad universitaria. Se espera además, que los estándares sean movilizadores de mejoras auténticas y susciten una cultura comprometida con los mismos. Para ello, los estándares deben ser muy descriptivos y en algunos casos contar con criterios de cumplimiento claramente definidos. Tenemos que considerar que los estándares tendrían que transmitir una visión realista de lo que deben ser las universidades, y por ende, tendrían que generar interpretaciones comunes a todo aquel que pueda leerlos. En este caso, si un estándar suscita multiplicidad de comprensiones se desvirtuaría el proceso de acreditación desde su nacimiento. Imaginemos el trabajo de autoevaluación y evaluación externa sobre la base de estándares difusos y poco claros. Lo más probable es que el accionar de todos sea tan subjetivo e idiosincrático que daría lo mismo contar o no con los mismos. De todos modos, los estándares para las universidades tendrían que apuntar a lo trascendental y ofrecer la posibilidad a que cada entidad haga uso responsable de su autonomía para generar o mantener sus propios acentos que den sentido a lo que se conoce como identidad institucional.

Otro gran desafío será también el ver cómo se hace para motivar a las universidades para que se enrolen en el proceso de acreditación, que lamentablemente por ley, se ha definido como voluntario. Esto será un gran problema en el mediano plazo puesto que al fin y al cabo las universidades ya en funcionamiento no están obligadas a nada (salvo acreditar algunas pocas carreras). Aquí, se podría decir que la Ley del SINEACE contempla el desarrollo de una serie de incentivos económico - sociales para las entidades que alcancen la certificación de calidad. Esto podría sonar muy bonito en otros contextos, pero en el Perú, la gran mayoría de las universidades de dudosa reputación están rebalsando de alumnos y recursos. Estas instituciones lo que menos desean es el dinero u otras formas de apoyo estatal pues justamente descubrieron dos regularidades de nuestro sistema universitario. La primera: que en el país el mercado no regula la calidad universitaria y se puede jugar con las aspiraciones de los jóvenes. Y la segunda: que el mejor negocio es ofrecer programas de baja calidad donde cualquiera pueda obtener una titulación sin el mayor esfuerzo y con la simple condición de pagar al día su pensión y asistir regularmente a clases.