¿Quiénes tendrían que hacer los estándares de aprendizaje para nuestra educación básica?. En Revista SIGNO Educativo del Consorcio de Centros Educativos Católicos del Perú, año XVII, Nº 173, Noviembre y Diciembre de 2008.
Estándares de Aprendizaje para el Perú: ¿Quién los hará?
Iván Montes Iturrizaga
Existe un amplio consenso en señalar la importancia de contar con estándares para nuestro sistema educativo. Todos estamos de acuerdo en cuanto a la necesidad de contar un parámetro que defina lo que entendemos por calidad en cuanto a resultados de aprendizaje. Sin embargo, las tensiones aparecen al momento de gestionar la participación de los diferentes actores interesados en involucrarse en su elaboración e implementación. Es en este punto donde la experiencia internacional nos podría servir para enfrentar o al menos reflexionar sobre la dimensión participativa de los estándares.
Por un lado, tenemos que muchos cuestionan los estándares cuando estos corresponden a realizaciones de expertos o investigadores de los entornos universitarios. Se argumenta así, muchas veces con injusticia, que estos no estarían partiendo de las necesidades o de las posibilidades reales de los alumnos. Este señalamiento proviene, en buena parte, del profesorado organizado que con insistencia y razón exige una participación protagónica en la identificación de estas metas trascendentales. De otro lado, los expertos provenientes de las universidades, manifiestan que los profesores no cuentan con la formación necesaria ni con la experiencia para reflexionar con profundidad sobre las expectativas que tendrían que plantearse para las diferentes asignaturas. También, las ONG, asociaciones profesionales de docentes, gremios empresariales y padres de familia pugnan por que su voz sea escuchada y tomada en cuenta. En síntesis, vemos que los estándares de aprendizaje (lo que los alumnos tienen que aprender básicamente) gatillan tensiones sociales vertebradas por el interés de aportar con nuestro avance educativo.
La experiencia latinoamericana es muy diversa en cuanto a la participación. Algunos países como Chile y Colombia, aseguraron la presencia de académicos, investigadores, funcionarios, profesores en actividad y funcionarios ministeriales. Incluso, en Centroamérica los padres de familia, el sector empresarial y la sociedad civil organizada han participado en las distintas etapas del proceso. Pero las tensiones han surgido en estos países en mayor o menos medida en torno a dos cuestiones: las discrepancias teóricas propias de cada disciplina y las manera en que se gestionó (y consideró) la participación de todos involucrados.
Estas experiencias nos indican la necesidad imperiosa de reconocer como valioso el aporte de todos. Pero también, nos sugiere un estilo de trabajo donde la definición de roles y niveles de participación de los diversos estamentos son fundamentales para alcanzar una legitimidad política de los estándares, y al mismo tiempo, para que estos sean pertinentes, exigentes, claros y favorecedores de la tan ansiada calidad.
Existe un amplio consenso en señalar la importancia de contar con estándares para nuestro sistema educativo. Todos estamos de acuerdo en cuanto a la necesidad de contar un parámetro que defina lo que entendemos por calidad en cuanto a resultados de aprendizaje. Sin embargo, las tensiones aparecen al momento de gestionar la participación de los diferentes actores interesados en involucrarse en su elaboración e implementación. Es en este punto donde la experiencia internacional nos podría servir para enfrentar o al menos reflexionar sobre la dimensión participativa de los estándares.
Por un lado, tenemos que muchos cuestionan los estándares cuando estos corresponden a realizaciones de expertos o investigadores de los entornos universitarios. Se argumenta así, muchas veces con injusticia, que estos no estarían partiendo de las necesidades o de las posibilidades reales de los alumnos. Este señalamiento proviene, en buena parte, del profesorado organizado que con insistencia y razón exige una participación protagónica en la identificación de estas metas trascendentales. De otro lado, los expertos provenientes de las universidades, manifiestan que los profesores no cuentan con la formación necesaria ni con la experiencia para reflexionar con profundidad sobre las expectativas que tendrían que plantearse para las diferentes asignaturas. También, las ONG, asociaciones profesionales de docentes, gremios empresariales y padres de familia pugnan por que su voz sea escuchada y tomada en cuenta. En síntesis, vemos que los estándares de aprendizaje (lo que los alumnos tienen que aprender básicamente) gatillan tensiones sociales vertebradas por el interés de aportar con nuestro avance educativo.
La experiencia latinoamericana es muy diversa en cuanto a la participación. Algunos países como Chile y Colombia, aseguraron la presencia de académicos, investigadores, funcionarios, profesores en actividad y funcionarios ministeriales. Incluso, en Centroamérica los padres de familia, el sector empresarial y la sociedad civil organizada han participado en las distintas etapas del proceso. Pero las tensiones han surgido en estos países en mayor o menos medida en torno a dos cuestiones: las discrepancias teóricas propias de cada disciplina y las manera en que se gestionó (y consideró) la participación de todos involucrados.
Estas experiencias nos indican la necesidad imperiosa de reconocer como valioso el aporte de todos. Pero también, nos sugiere un estilo de trabajo donde la definición de roles y niveles de participación de los diversos estamentos son fundamentales para alcanzar una legitimidad política de los estándares, y al mismo tiempo, para que estos sean pertinentes, exigentes, claros y favorecedores de la tan ansiada calidad.
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